Tras más de ocho horas de debate, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz aprobó en la madrugada de este domingo el Presupuesto Operativo Anual (POA) para la gestión 2025, que asciende a Bs 1.204.414.795, representando una reducción de más de Bs 200 millones en comparación con el presupuesto del 2024, que superaba los Bs 1.400 millones.
La aprobación se logró con 23 votos a favor y cinco en contra, en una sesión marcada por tensiones y discrepancias sobre la distribución de los recursos. Los asambleístas que votaron en contra manifestaron su descontento, principalmente por la disminución de fondos en áreas sociales clave, como la atención a emergencias y los programas de apoyo a la tercera edad, guarderías y el desayuno escolar.
Disminución en áreas sociales
Uno de los aspectos más polémicos del nuevo presupuesto es el recorte significativo en partidas destinadas a la atención social. Los recursos para la alimentación complementaria escolar se redujeron de Bs 18 millones en 2024 a apenas Bs 2 millones para el 2025. Esta disminución, junto con los recortes en programas como la atención a incendios y sequías, provocó fuertes críticas de asambleístas de diferentes bancadas, quienes demandaron que estas áreas sean priorizadas en futuras reformulaciones del presupuesto.
El presidente de la Asamblea, Antonio Salvador Talamás, destacó la importancia del presupuesto, pese a la reducción, señalando que se adaptó a la realidad financiera del departamento. Sin embargo, varios legisladores, incluido Zvonko Matkovic, cuestionaron la equidad de las reducciones, argumentando que las poblaciones más vulnerables resultarán las más afectadas.
Informe de Hacienda y dificultades financieras
Antes de la discusión y votación del POA, el secretario de Hacienda del Gobierno departamental, Miguel Sorich, presentó un informe sobre la gestión financiera del 2023, elaborado por el exsecretario Orlando Saucedo Vaca. El informe reveló serios problemas financieros, indicando que solo se pudo ejecutar el 83% de los ingresos disponibles, lo que generó un déficit real de Bs 388 millones, mayor al proyectado inicialmente de Bs 260 millones.
Sorich defendió el nuevo presupuesto, señalando que los ingresos del departamento son insuficientes. “Cuando el Gobierno dice que enviará Bs 100 millones, nosotros presupuestamos sobre esa cifra, pero al final recibimos solo Bs 75 millones”, explicó, argumentando que esta realidad limita la capacidad financiera del gobierno departamental.
Polémicas y tensiones en la sesión
La sesión extraordinaria, que comenzó el sábado a las 18:00, estuvo marcada por un ambiente de tensión entre la directiva de la Asamblea y la bancada afín al gobernador Luis Fernando Camacho, quienes discutieron sobre la presencia de público en la sala. Durante las más de ocho horas de debate, surgieron reproches y ataques entre los diferentes bloques.
Uno de los momentos más álgidos ocurrió cuando se detectó una partida de Bs 66 millones sin justificación clara, relacionada con un crédito solicitado a Fontplata para el proyecto de la faja norte integrado – Yapacaní. Sorich admitió el error y ajustó la cifra, aunque quedaron Bs 39 millones sin una explicación detallada. A pesar de estos inconvenientes, el POA fue aprobado con el respaldo de las bancadas de los pueblos indígenas y del MAS.
La aprobación del POA 2025 sienta las bases del plan financiero para el próximo año, aunque las diferencias sobre la asignación de recursos en áreas sensibles anticipan nuevos debates en el futuro.