El Ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, junto con el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Roberto Flores, revelaron hoy que el 46% de las quemas forestales en Bolivia están vinculadas a propiedades empresariales y medianas. Esta información desmiente las afirmaciones recientes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que habían sugerido que la mayoría de los incendios se registran en tierras fiscales.
Según Lisperguer, al analizar las “cicatrices de quema”, un indicador que mide la superficie afectada, se ha determinado que las propiedades empresariales y medianas son responsables de la mayor parte de las quemas. La distribución de la afectación es la siguiente: propiedades empresariales y medianas con un 46%, tierras fiscales con un 34%, Territorios Comunitarios de Origen (TCO) con un 12%, tierras comunitarias con un 4%, pequeña propiedad con un 2% y ríos y caminos con un 1%.
“El análisis de la CAO basado en focos de calor no refleja correctamente el impacto real de los incendios en términos de superficie afectada”, señaló Lisperguer en respuesta a las afirmaciones de la CAO que habían estimado erróneamente que el 78% de los incendios se produjeron en tierras fiscales. El ministro enfatizó que los focos de calor solo miden la temperatura y no la extensión de las áreas quemadas.
Por su parte, el director de la ABT, Roberto Flores, informó que hasta la fecha se han activado 82 procesos penales relacionados con incendios forestales, con 42 propietarios de predios privados identificados como responsables. Flores también anunció que próximamente se publicará una lista de los individuos implicados, en un intento por proporcionar transparencia y responsabilidad en la gestión de los incendios.
Sin embargo, Flores expresó su preocupación por la liberación de algunos responsables a través de procedimientos abreviados y la falta de imputación en ciertos casos, como los recientes incidentes en San Ignacio de Velasco y Guarayos. El director de la ABT hizo un llamado al Ministerio Público y a los jueces para que actúen conforme a la ley y evitar la liberación de los responsables de los incendios.
Flores también solicitó a la CAO, alcaldes, asambleístas y organizaciones de control social que se unan a los esfuerzos para garantizar que se haga justicia y se prevengan futuras devastaciones forestales. El impacto de estos incendios ha sido significativo, con más de 3 millones de hectáreas calcinadas en lo que va del año.
Esta serie de eventos pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación y responsabilidad en la gestión de los recursos forestales y la aplicación efectiva de las leyes para proteger el medio ambiente. “De todas estas personas que hemos iniciado un proceso, hay cuatro que se sometieron a un procedimiento abreviado, por lo cual, en cualquier momento van a solicitar su libertad”, advirtió.
En otro caso iniciado en el municipio de San Ignacio de Velasco, un juez dio libertad irrestricta a una persona pese a que fue encontrado en una flagrancia con combustible, y en Guarayos, el Ministerio Público no presentó la imputación contra otro pirómano.
Flores solicitó al Ministerio Público y a los jueces “actuar de acuerdo con ley”, porque, a pesar de que se realizan todas las acciones y se presentan las pruebas, los responsables son liberados y eso “enoja a la población y a nosotros”.
Además, convocó a lo CAO, alcaldes, asambleístas y a los controles sociales a adherirse a los procesos para que se haga justicia.