Ante la alarmante cifra de 3,9 millones de hectáreas afectadas por incendios en Bolivia, el Gobierno ha tomado medidas drásticas para mitigar el impacto ambiental y frenar la propagación de siniestros. Este miércoles se promulgó el decreto supremo 5225, que establece una pausa ambiental indefinida, y se remitió un proyecto de ley al Legislativo para endurecer las sanciones contra quienes ocasionen incendios.
El ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, explicó que la pausa ambiental se mantendrá hasta que concluyan los trabajos de restauración de las áreas afectadas. “La pausa es indefinida hasta que se realicen los trabajos de repoblamiento y evaluación de las condiciones ambientales”, afirmó. El decreto también suspende todas las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y prohíbe la emisión de nuevas autorizaciones de este tipo.
Entre las medidas más destacadas del decreto, se establece que las tierras fiscales afectadas por incendios serán consideradas “no disponibles” por un mínimo de cinco años, periodo en el que deberán ser restauradas antes de cualquier uso futuro.
Además, se implementará un plan de repoblamiento de fauna y flora, bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que las carteras de Defensa y Gobierno reforzarán la protección de áreas protegidas y reservas forestales en todo el país.
Endurecimiento de sanciones
En paralelo a la pausa ambiental, el Gobierno busca aumentar las penas para quienes ocasionen incendios forestales. El proyecto de ley remitido a la Asamblea Legislativa contempla una privación de libertad de hasta 12 años para quienes promuevan incendios que afecten bosques, áreas protegidas, tierras fiscales, humedales o pastizales.
“Anteriormente las penas eran menores. Ahora se incrementarán para quienes generen incendios”, explicó Lisperguer. Aquellos que ordenen o se beneficien de la ejecución de incendios enfrentarán penas de entre 5 y 7 años de prisión.
Además, el reglamento del decreto 5203 establece multas que oscilan entre 190 y 976 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs) por hectárea, dependiendo de la gravedad de la infracción. Según el Banco Central de Bolivia, cada UFV tiene un valor de Bs 2,52, lo que incrementa significativamente las sanciones económicas para los responsables.
Con estas medidas, el Gobierno espera frenar la creciente destrucción de ecosistemas en el país, proteger la biodiversidad y castigar de manera más severa a los responsables de los incendios forestales.