El próximo 2 de septiembre de 2024 marcará el inicio del juicio oral contra la expresidenta Jeanine Áñez, varios exministros y altos mandos militares y policiales involucrados en la masacre de Senkata, ocurrida en noviembre de 2019 en la ciudad de El Alto, departamento de La Paz. El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto ha fijado esta fecha para la audiencia, según informó la Procuraduría General del Estado.
La acusación, que incluye cargos por genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, se basa en los eventos ocurridos el 19 de noviembre de 2019, cuando una intervención armada en la zona de Senkata dejó un saldo de al menos una decena de fallecidos por impacto de bala y 31 heridos. Estos hechos, ocurridos pocos días después de la masacre en Sacaba, Cochabamba, son considerados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como gravísimas violaciones a los derechos humanos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), en su informe sobre la crisis política de 2019, concluyó que se llevaron a cabo ejecuciones sumarias, masacres, actos de racismo y tortura. Este informe ha sido clave en la construcción de la acusación formal presentada por la Fiscalía, que ha reunido un total de 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos y numerosas entrevistas con miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía, víctimas y funcionarios de YPFB.
Entre los principales acusados, además de Áñez, figuran exministros como Carlos Arturo Murillo, Luis Fernando López Julio, y Víctor Hugo Zamora Castedo, así como altos mandos militares y policiales. La Procuraduría ha calificado este juicio como un “proceso sin precedentes” que busca justicia, verdad y memoria para las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas en esos días de tensión y violencia en Bolivia.
En un comunicado, la Procuraduría reiteró su compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad, subrayando la importancia de este juicio como un mensaje claro y contundente en favor de los derechos humanos y el principio de no repetición. Se espera que la Fiscalía solicite la imposición de la pena máxima de 30 años de prisión para los acusados, en un juicio que será seguido de cerca tanto por la opinión pública nacional como internacional.