En un operativo llevado a cabo en la zona de Kiswaras, en la ciudad de El Alto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) incautó más de 20.000 litros de diésel que estaban siendo acopiados de manera ilegal en un inmueble. La magnitud de este hallazgo ha generado sospechas sobre la posible implicación de estaciones de servicio en esta actividad ilícita, según informó el director de la ANH, Germán Jiménez.
El operativo, que resultó en la detención de seis personas, también permitió la incautación de un camión y un minibús que habrían sido utilizados para el transporte y acopio del combustible. Jiménez destacó que la cantidad de diésel confiscada es “exorbitante”, ya que llena una cisterna entera, suficiente para abastecer a más de 150 vehículos en una estación de servicio regular.
“No puede ser que tanto combustible, que necesita el Estado boliviano, pueda ser utilizado para actividades ilícitas”, expresó Jiménez, quien además sugirió que el diésel incautado podría estar destinado a la minería ilegal. En el lugar de acopio, las autoridades encontraron bidones, motocicletas, placas y tarjetas B-SISA falsificadas, lo que refuerza la hipótesis de una operación ilegal a gran escala.
Jiménez mencionó un caso particular que resalta la gravedad de la situación: un camión con placa 3596 DBY fue identificado entre 2.500 vehículos que presentaban carguíos irregulares. Este camión habría cargado 28.000 litros de diésel en los últimos dos meses, lo que hace sospechar que algunas estaciones de servicio podrían estar involucradas en la distribución ilegal de combustible.
Por su parte, el comandante departamental de la Policía de La Paz, Édgar Cortez, advirtió sobre el alto riesgo que representaba el centro de acopio debido a las conexiones eléctricas precarias del lugar. “Una sola chispa podría dañar no solo a las personas, sino también a los inmuebles aledaños”, alertó Cortez.
Los aprehendidos se encuentran ahora bajo custodia del Ministerio Público, mientras que el diésel incautado será transferido a Yacimientos Fiscales Bolivianos (YPFB) para someterse a pruebas de calidad antes de su eventual comercialización. Este operativo pone de manifiesto la preocupación de las autoridades sobre la creciente tendencia de actividades ilegales relacionadas con el combustible en el país, y la posible connivencia de actores involucrados en la cadena de distribución.