Este miércoles, en la ciudad de Potosí, se retomará el juicio contra el gobernador electo Jhonny Mamani, acusado de múltiples delitos de corrupción relacionados con la compra fallida de 41 ambulancias que nunca llegaron a entregarse. Mamani, quien actualmente se encuentra en detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, participará en la audiencia de manera virtual, mientras que sus abogados estarán presentes en la Villa Imperial.
El caso, que ha sido calificado por los asambleístas denunciantes como “el mayor hecho de corrupción en la Gobernación potosina”, comenzó hace dos años cuando se descubrió que el gobierno departamental había suscrito un contrato con la empresa Estefals Logistics para la adquisición de 41 ambulancias, las cuales nunca fueron entregadas físicamente, a pesar de haberse firmado un acta de recepción el 31 de diciembre de 2021.
El proceso judicial ha estado marcado por la controversia y la acusación de encubrimiento, ya que, inicialmente, la Fiscalía de Potosí excluyó a Mamani del proceso. Sin embargo, tras una denuncia de legitimación de ganancias ilícitas y la presión social, la Fiscalía de La Paz ordenó su detención.
Azucena Fuertes, asambleísta departamental y una de las principales denunciantes, criticó la actuación del Ministerio Público de Potosí, señalando que en un principio “primó la impunidad” al no incluir a Mamani en las investigaciones. “Se reinstala el juicio oral en este proceso. Recordemos que en estos dos años inicialmente primó la impunidad desde el Ministerio Público de Potosí porque excluyó del proceso al exgobernador potosino”, afirmó Fuertes. Además, subrayó que el caso no solo se limita a las ambulancias “fantasmas”, sino que también involucra otros tres contratos, incluyendo la compra de una vagoneta de lujo por un valor de 100 mil dólares, destinada al despacho del gobernador, y dos contratos para vehículos de la Policía.
El juicio estaba previsto para el pasado 22 de mayo, pero se postergó debido a la ausencia de uno de los procesados, quien presentó un certificado médico que justificaba su inasistencia. Finalmente, la audiencia se reprogramó para las 09:00 horas de este 21 de agosto.
Mamani y otros cuatro coimputados enfrentan cargos por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, delitos que conllevan penas de cinco a diez años de prisión, con un incremento de un tercio si se demuestra daño económico al Estado. Además, Mamani enfrenta un proceso separado por legitimación de ganancias ilícitas, debido a movimientos bancarios irregulares que salieron a la luz durante la investigación contra Estefals Logistics.
La reinstalación de este juicio es un momento clave para la justicia en Potosí, donde las denuncias de corrupción han sacudido la confianza en las instituciones públicas. Las declaraciones de Fuertes reflejan el sentimiento de indignación y la urgencia de una resolución transparente y justa en un caso que, según ella, representa “la peor muestra de la administración de justicia en Potosí”.