En un paso crucial hacia la renovación del sistema judicial del país, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó la Resolución 264, convocando a elecciones judiciales para el 1 de diciembre de 2024. Así lo anunció Oscar Abel Hassenteufel Salazar, presidente de la institución, quien destacó la importancia de este proceso para garantizar el funcionamiento efectivo de los órganos de justicia a partir del 2 de enero de 2025.
Estas elecciones tienen un carácter especial, pues se elegirán a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional en circunscripción departamental. Además, se seleccionarán a los magistrados del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental en circunscripción nacional. Esta jornada electoral será clave para definir a las autoridades que regirán el sistema judicial en los próximos años.
El Órgano Electoral también ha aprobado un calendario específico para el desarrollo de este proceso. Dentro de ocho días, se iniciará el empadronamiento masivo, un período fundamental que permitirá a los jóvenes que han cumplido o cumplirán 18 años antes de la fecha de las elecciones, registrarse y participar en este ejercicio democrático.
Un aspecto destacado por Hassenteufel fue el relativo a la planificación presupuestaria. Si bien se han tomado las previsiones necesarias, el presidente del TSE admitió que aún existen dudas sobre si el presupuesto inicialmente aprobado será suficiente, dado el contexto económico actual del país. En ese sentido, se están realizando estudios para determinar la factibilidad de mantener el presupuesto actual o, en caso de ser necesario, solicitar un monto adicional al Ejecutivo.
La importancia de estas elecciones radica en que permitirán la conformación de los órganos de justicia para que estos puedan operar de manera efectiva a partir del inicio de 2025. El TSE, consciente de su responsabilidad, asegura que trabajará para que el proceso electoral se desarrolle con transparencia y eficiencia, garantizando así la legitimidad de las nuevas autoridades judiciales.