En un contundente despliegue de fuerza, los choferes federados de Bolivia han paralizado el país este jueves con bloqueos en las principales carreteras y zonas urbanas. La medida, que ha afectado a los nueve departamentos del país, responde a una protesta nacional por la escasez de diésel, según han indicado los líderes del sector de transporte pesado, que cumplen con el segundo día de un paro indefinido.
La situación ha sido catalogada como crítica por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que reportó más de 50 puntos de bloqueo solo en las rutas interprovinciales e interdepartamentales, con su último reporte de transitabilidad emitido a las 08:45 de este jueves 1 de agosto. Entre los puntos más conflictivos se encuentran Santa Cruz, que suma 11 piquetes, incluyendo el de los interculturales en San Julián; Cochabamba, con 9; y Potosí, con 10 bloqueos.
El paro ha afectado gravemente la movilidad urbana. Las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Sucre y El Alto han sido las más perjudicadas, experimentando más de 20 bloqueos en calles y avenidas, lo que ha llevado al colapso del tránsito vehicular en estas urbes.
El impacto del paro no solo se siente en la interrupción del tráfico, sino también en la actividad económica y la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes enfrentan dificultades para acceder a sus lugares de trabajo, centros educativos y servicios básicos. La demanda principal de los transportistas es una solución urgente a la falta de diésel, que ha generado una cadena de desabastecimiento y presión económica sobre el sector.
Mientras tanto, los choferes cooperativizados han llevado a cabo un paro de 24 horas en solidaridad con el movimiento, sumándose a la protesta y amplificando su impacto a nivel nacional.
El Gobierno se enfrenta a un desafío crítico, en el que la necesidad de diálogo y negociación con los transportistas se vuelve indispensable para evitar que la situación se prolongue y genere mayores perjuicios para la población y la economía del país. La atención ahora se centra en las medidas que las autoridades puedan implementar para responder a las demandas del sector y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.