A pesar de la promulgación de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres hace más de una década, los resultados en la aplicación de justicia en Bolivia siguen siendo alarmantemente insuficientes. Un estudio reciente titulado “El acoso y la violencia política en el sistema de justicia penal en Bolivia”, realizado por la Coordinadora de la Mujer en colaboración con el Comité de Género del Órgano Judicial y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), revela que de los 538 casos registrados desde 2012, solo 6 han llegado a sentencia y 10 a resolución ejecutoriada.
La investigación abarcó los procesos iniciados en la vía penal desde la entrada en vigencia de la ley hasta diciembre de 2022. Según los datos del Consejo de la Magistratura, la gran mayoría de los casos, un 71%, corresponden a denuncias de violencia política, mientras que el 29% restante son casos de acoso político. De las 538 denuncias, el 19% fueron rechazadas por falta de elementos suficientes para una acusación, o porque la información proporcionada por las denunciantes era incompleta.
Bolivia se convirtió en 2012 en el primer país de la región en contar con una ley específica contra el acoso y violencia política, marcando un hito en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito político. No obstante, a 12 años de su promulgación, la impunidad persiste como una barrera significativa para la justicia. El estudio resalta que la formación insuficiente del personal encargado de procesar las denuncias es una de las principales causas de esta ineficacia, dificultando la identificación de pruebas necesarias para iniciar una investigación penal.
Un caso emblemático que logró sentencia es el de la excandidata a gobernadora Felipa Huanca contra el exdiputado Rafael “Tata” Quispe, quien fue sentenciado a dos años de cárcel en 2021 por acoso político. Este caso destaca la gravedad del problema, pero también pone en evidencia lo excepcional que es llegar a una resolución judicial.
El acoso y la violencia política no solo afectan la integridad física y psicológica de las mujeres, sino que también comprometen su permanencia en cargos públicos, disminuyendo la visibilidad de sus aportes y resultados políticos. La Coordinadora de la Mujer subraya que estos obstáculos continúan siendo un desafío importante para la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política del país.
Es imperativo que se refuercen las capacidades del sistema judicial y se brinde una formación especializada en la Ley 243 al personal encargado de procesar estos casos. Solo así se podrá garantizar una justicia efectiva y se avanzará hacia la erradicación del acoso y violencia política contra las mujeres en Bolivia.