El funcionario de la Cámara de Diputados que fue aprehendido ayer bajo acusaciones de extorsionar a un prestador de servicios de dicha entidad, en una serie de llamadas telefónicas, mencionó al presidente de ese cuerpo legislativo, Israel Huaytari, al Oficial Mayor y al Secretario General, asegurando que los cobros indebidos eran ordenados por ellos.
La aprehensión se llevó a cabo gracias a un operativo civil organizado por el abogado Abel Loma, tras una serie de irregularidades detectadas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). A pesar de que la llamada incriminatoria fue grabada en las oficinas de la Felcc, los uniformados no admitieron la denuncia. Ante esta situación, Loma organizó un encuentro en un café, donde el funcionario fue sorprendido recibiendo el dinero de la víctima y fue inmediatamente detenido.
El caso se hizo público cuando los medios de comunicación lograron captar el momento de la transacción y la posterior aprehensión del funcionario. Horas más tarde, la Cámara de Diputados emitió un comunicado deslindando responsabilidades. “Rechazamos rotundamente cualquier forma de corrupción. Nos comprometemos firmemente a realizar todas las gestiones necesarias para sancionar estos actos”, indica el documento oficial.
Implicaciones y próximos pasos
La víctima relató que el funcionario fue insistente en señalar que la coima era solicitada por “el presidente” de la Cámara de Diputados, el Oficial Mayor y el Secretario General, aunque no pudo corroborar la veracidad de estas afirmaciones. Joel A., el funcionario detenido, indicó que el presidente no podría atender al prestador de servicios, pero que podría presentarle a los otros dos funcionarios implicados.
El abogado Loma, entrevistado por Visión 360, anunció que solicitarán la citación de las tres personas mencionadas por Joel A. y que se realizarán pericias informáticas al celular del implicado para verificar si recibió órdenes superiores. “Es crucial esclarecer estos hechos para garantizar la transparencia y la justicia en nuestra institución”, afirmó.
La gravedad del caso ha generado diversas reacciones. En las llamadas grabadas, el funcionario advertía a la víctima que sufriría consecuencias si no pagaba el dinero exigido. Ayer, dos abogados se presentaron para asumir la defensa del funcionario antes de su declaración informativa, lo que sugiere que el proceso judicial será complejo y podría destapar más implicaciones dentro de la Cámara de Diputados.