En el marco del Informe de Situación 2023 sobre la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales en Bolivia, se han revelado cifras preocupantes respecto a las vulneraciones de derechos durante el pasado año. Según el documento elaborado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, se registraron un total de 743 casos de violaciones a derechos fundamentales, destacando entre ellos las transgresiones contra la libertad de reunión y protesta.
De acuerdo con los datos recopilados, el informe señala que la Policía Boliviana fue responsable del 91% de las violaciones a la libertad de reunión pacífica y derecho a la protesta. Este alarmante porcentaje evidencia una tendencia preocupante en cuanto al uso de la fuerza y la represión durante manifestaciones ciudadanas a lo largo del año.
Entre los incidentes documentados, se destacan diversos casos de represión violenta perpetrados por agentes policiales. Un ejemplo paradigmático fue el suceso conocido como “el secuestro” del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, durante las protestas de enero de 2023, donde el uso excesivo de la fuerza resultó en numerosos heridos y, trágicamente, una víctima fatal.
El informe también detalla casos específicos de ciudadanos heridos durante manifestaciones, como el de Jesús Berem Echalar, alcanzado por un proyectil policial en Santa Cruz, así como los 32 maestros urbanos heridos en La Paz durante la represión de una protesta contra el nuevo plan curricular en marzo del mismo año.
Además de los actos de violencia directa, el informe subraya la omisión policial en varios incidentes, donde la falta de intervención permitió la actuación impune de grupos de choque contra manifestantes pacíficos. Estos grupos, según el informe, operan con una frecuencia y sistematicidad alarmantes, buscando desacreditar y desmovilizar a quienes ejercen su derecho a la protesta.
El documento también critica la aparente complicidad de la Policía Boliviana con estos grupos de choque en algunos eventos, donde se ha observado una falta de cumplimiento del deber constitucional de proteger la seguridad y los derechos de los manifestantes.
En respuesta a estas revelaciones, diversas organizaciones han llamado la atención sobre la necesidad urgente de reformas en las prácticas policiales y la garantía de los derechos constitucionales en Bolivia. El Informe de Situación 2023 de Unitas se erige, así como una herramienta crucial para visibilizar y documentar las violaciones de derechos cometidas por el Estado, con el objetivo de revertir estas tendencias preocupantes y fortalecer la democracia y el estado de derecho en el país.
Este informe no solo documenta las vulneraciones del año pasado, sino que también apunta a la necesidad de acciones concretas para asegurar que los derechos fundamentales de los bolivianos sean respetados y protegidos en todo momento.