En un desarrollo significativo del caso de la asonada militar ocurrida el pasado miércoles, las autoridades judiciales determinaron la situación de los 21 aprehendidos. De estos, 11 fueron beneficiados con detención domiciliaria, mientras que los otros 10 están recluidos preventivamente en una cárcel. El Ministerio de Gobierno ha expresado su descontento con la decisión judicial y ha presentado una apelación buscando que la mayoría de los implicados enfrenten la justicia desde prisión.
Durante el viernes y el fin de semana, se llevaron a cabo tres audiencias de medidas cautelares para los aprehendidos. El primer veredicto, emitido el viernes, afectó a los excomandantes Juan José Zúñiga, Juan Arnez y Edson Irahola, quienes fueron enviados a la cárcel con detención preventiva por seis meses.
La segunda audiencia, realizada el sábado, incluyó a un grupo de 14 implicados. En esta sesión, 10 de ellos fueron beneficiados con detención domiciliaria, mientras que los otros 4 deberán permanecer en un penal bajo detención preventiva. Finalmente, en la tercera audiencia, se decidió que 3 de los 4 aprehendidos fueran trasladados a un recinto carcelario, mientras que uno retornará a su casa bajo medidas sustitutivas.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, expresó su disconformidad con las decisiones judiciales. “Como Ministerio de Gobierno, la noche de ayer, hemos presentado nuestras apelaciones y, conforme a ordenamiento jurídico, esperemos que sean resueltas dentro de las 72 horas y que la gran mayoría de estas personas que se ha beneficiado, de manera no responsable, de una detención domiciliaria se les dé una detención preventiva en los centros de rehabilitación de nuestro país”, declaró Del Castillo.
La respuesta del Ministerio de Gobierno subraya la tensión y el descontento con la decisión judicial, apuntando a una mayor severidad en las medidas cautelares para los implicados en la asonada militar. Las próximas horas serán cruciales para determinar si las apelaciones prosperarán y si los beneficiados con detención domiciliaria deberán enfrentar un cambio en su situación jurídica.