El general Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército de Bolivia, optó por abstenerse de declarar ante la Fiscalía de La Paz este jueves, en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado. Pese a su silencio, Zúñiga ya ha sido imputado y la Fiscalía pedirá su detención preventiva en prisión.
En la tarde de hoy, Zúñiga fue presentado ante la comisión de fiscales, conformada por Omar Alcides Mejillones y Franklin Alborta. En compañía de su abogado defensor, el excomandante ejerció su derecho a guardar silencio, evitando así proporcionar más detalles sobre la toma militar de la plaza Murillo en La Paz.
A pesar de su postura actual, Zúñiga había brindado una declaración preliminar a la Policía la noche del miércoles. En esa oportunidad, modificó su versión anterior, dejando de lado la noción de un autogolpe y mencionando en cambio un levantamiento armado que no se concretó debido a la demora y falta de coordinación entre las diferentes unidades militares.
En un desarrollo paralelo, el excomandante de la Naval, Juan Arnez Salvador, también decidió acogerse al silencio durante su declaración ante la misma comisión de fiscales.
La Fiscalía de La Paz ya ha preparado las imputaciones contra Zúñiga y Arnez, acusándolos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. El documento de imputación será presentado ante un juzgado paceño en las próximas horas, y la Fiscalía solicitará la detención preventiva en prisión para ambos excomandantes. La audiencia se celebrará este viernes 28 de mayo, pendiente de la fijación de la hora por parte del juez.
Gobierno exige ampliación de cargos y máxima pena
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ha solicitado a la Fiscalía que amplíe los cargos contra Zúñiga, argumentando que también causó daños a bienes del Estado y provocó lesiones por bala a nueve personas durante la toma militar de la plaza Murillo.
Asimismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció a través de sus redes sociales que Zúñiga enfrenta cargos según los artículos 121, 127 y 128 del Código Penal, lo que podría resultar en una condena de 15 a 20 años de prisión por atentar contra la democracia y la Constitución.