La Cámara de Senadores aprobó dos proyectos de ley cruciales para el desarrollo infraestructural del país. Se trata de la sanción de créditos por un total de $us 78 millones destinados a proyectos de infraestructura vial y urbana.
El primero de estos proyectos, bajo el número de ley 348, autoriza un crédito de hasta $us 35 millones para la construcción del camino Norte Integrado – Yapacaní en el Departamento de Santa Cruz. Este proyecto de 30 kilómetros, fundamental para mejorar la conectividad regional, recibió el respaldo de dos tercios de los senadores presentes, tras semanas de bloqueos en la vía entre Cochabamba y Santa Cruz por parte de los pobladores de Yapacaní.
Los manifestantes exigían precisamente la aprobación de estos fondos para asegurar la conexión efectiva de la región norte de Santa Cruz con el resto del país, facilitando así el comercio y fortaleciendo la integración dentro del Corredor Este – Oeste de Bolivia.
El pago de este préstamo y los servicios de la deuda estarán bajo la responsabilidad del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en línea con sus competencias establecidas.
Simultáneamente, el Senado también aprobó el proyecto de ley 301, que asigna un crédito de hasta $us 43 millones para el “Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre”. Este programa, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está diseñado para mejorar la infraestructura urbana en Sucre, ciudad conocida por su rica arquitectura colonial y patrimonio cultural.
Entre los objetivos del programa se incluye el acceso a espacios públicos de calidad, la implementación de infraestructuras de movilidad sostenible y la reducción del consumo de energía mediante tecnología LED y digital en el alumbrado público. Estas medidas no solo buscan mitigar la congestión en el centro histórico de Sucre, sino también mejorar los índices de desigualdad y sostenibilidad ambiental en la ciudad.
Según un informe del BID, Sucre enfrenta desafíos significativos en términos de escasez de espacios públicos y áreas verdes, con tan solo 0,64 metros cuadrados de espacio público por habitante, muy por debajo de los estándares recomendados.
Ambos proyectos de ley han sido enviados al Órgano Ejecutivo para su promulgación, marcando un paso crucial hacia el avance en infraestructura y desarrollo urbano en Bolivia, con impactos esperados tanto a nivel local como nacional.
El préstamo del BID tiene un período de amortización de 18 años, un período de gracia de 12,4 años y una tasa de interés basada en SOFR (Secured Overnight Financing Rate).
“Este proyecto es una alternativa que le da el Estado central a nuestro departamento para salir del estado de ostracismo en el que se encuentra. Sucre necesita modernizarse. Colegas tengan la certeza que, cuando lleguen para el 6 de agosto de 2025 (Bicentenario de Bolivia) van a encontrar una ciudad remozada”, afirmó la senadora de Comunidad Ciudadana Silvia Salame, al agradecer el apoyo de las tres bancadas para la sanción de la ley.