Este sábado se cumplió el quinto día de la marcha de los gremiales, quienes partieron el martes de Patacamaya con rumbo a La Paz para exigir que el Gobierno atienda sus demandas. En la mañana, la columna de manifestantes salió desde la localidad de San Antonio, en la carretera que conecta La Paz con Oruro, y después de las 14:00 llegó a la tranca de Achica Arriba y se dirige a la Apacheta, según informó la dirigencia.
Los gremiales exigen la renuncia de Karina Serrudo, presidenta de la Aduana, y Mario Cazón, presidente de Impuestos Nacionales. Además, demandan la normalización del suministro de dólares y combustible, ambos insumos vitales para su actividad económica.
El representante del sector, César Gonzales, señaló que la marcha pretende arribar a la ciudad de La Paz el lunes 17 de junio, donde esperan reunirse con el presidente Luis Arce para plantear sus demandas directamente. Sin embargo, este no es el único sector que se encuentra movilizado. El transporte pesado ha anunciado protestas para el próximo lunes, exigiendo las mismas reivindicaciones, aunque este sábado instalaron un diálogo con autoridades del Gobierno.
Paralelamente, otro grupo de gremiales, liderado por Antonio Siñani, ha desconocido la representación de la marcha que se dirige a La Paz y ha solicitado una reunión separada con el presidente Arce. Entre sus exigencias, destaca la anulación del Decreto Supremo 4732, vigente desde hace dos años, el cual regula los contratos de preventa de inmuebles.
Siñani informó que están organizando un ampliado para el mismo lunes 17 de junio, cuando la otra marcha llegue a La Paz. “Llamamos al ampliado el lunes en el departamento de Cochabamba a la cabeza de la Confederación de Gremiales de Bolivia”, indicó.
El dirigente también señaló que todo depende del Gobierno central y de si reciben una invitación formal para dialogar y solucionar sus problemas. No obstante, advirtió que las bases están considerando la posibilidad de un paro general si no se obtienen respuestas satisfactorias.
Con múltiples frentes de presión, el Gobierno enfrenta un desafío complejo, ya que las movilizaciones coinciden en sus demandas, pero divergen en sus estrategias y liderazgos. La semana entrante será decisiva para medir la capacidad de negociación del Ejecutivo y la determinación de los sectores movilizados.
