EFE.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya rechazó, por decisión unánime, las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de México con respecto al asalto de la embajada de su país en Quito, el pasado 5 de abril, por parte de la Policía ecuatoriana para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), a quien horas antes se le había otorgado el asilo.
Las medidas cautelares solicitadas por México buscaban que los jueces de la ONU ordenasen a Ecuador respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas, lo que el Gobierno ecuatoriano ya había garantizado por escrito durante las audiencias sobre las medidas cautelares celebradas a principios de mes.
El Gobierno de Ecuador acogió este jueves con beneplácito la decisión. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano manifestó que este fallo del tribunal internacional “confirma el carácter innecesario de la solicitud” realizada por el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
“La solicitud de México se hizo sin tener en cuenta las repetidas seguridades de Ecuador de que brindaría plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la Embajada de México, y que permitiría a México retirar todas esas propiedades de los locales y residencias privadas de sus agentes diplomáticos. Ecuador mantiene su posición”, reiteró la Cancillería ecuatoriana.
Asimismo, el Ejecutivo ecuatoriano valoró que “la Corte reconoció que se debe presumir la buena fe del Ecuador y dejó en claro que las presentes circunstancias no presentan ningún riesgo para los derechos de México bajo la Convención de Viena”.
También recordó que la irrupción a la Embajada de México en Quito se hizo para que evitar que Glas saliese “ilegalmente del país y escape de la Justicia”.
“Desde entonces, el señor Glas ha regresado a prisión para continuar cumpliendo las sentencias condenatorias dictadas en su contra por la Corte Nacional de Justicia por la comisión de graves delitos de corrupción (asociación ilícita y cohecho)”, enfatizó la Cancillería.
Glas llegó a la embajada mexicana el 17 de diciembre de 2023 para solicitar asilo, ya que rechaza los cargos y acusaciones en su contra y se declara un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
Para entonces, la Justicia ecuatoriana había rechazado su solicitud para terminar de cumplir en libertad condicional una pena de 8 años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita, de las que ya purgó en prisión alrededor de cinco años entre 2017 y 2022, cuando salió en libertad gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares.
También la Fiscalía había anunciado que formularía cargos contra Glas por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción de las provincias afectadas por el fuerte terremoto de 2016, lo que se produjo a inicios de enero de 2024 y llevó a que se dictase una orden de prisión preventiva en contra del exvicepresidente.
El Gobierno mexicano concedió el asilo a Glas el 5 de abril, en medio de una creciente crisis diplomática entre ambos países que llevó al Ejecutivo ecuatoriano a expulsar a la embajadora de México, Raquel Serur, por unas declaraciones de López Obrador donde relacionaba el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo en las urnas de Daniel Noboa.
Fue entonces cuando se produjo el asalto a la Embajada para capturar a Glas, lo que el Gobierno ecuatoriano justifica en que la Convención de Asilo Diplomático de Caracas impide conceder este beneficio a personas procesadas por delitos comunes o condenadas por tribunales ordinarios.
Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa y entre 2013 y 2017 fue su vicepresidente, cargo que también ocupó a inicios del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021) hasta que comenzaron las investigaciones en su contra.
Por los hechos en la Embajada de México en Quito ambos países se han contrademandado en la Corte Internacional de Justicia, con acusaciones mutuas de contravenir normas y convenios internacionales.
Las medidas cautelares se dictan, en caso de necesidad, en una fase provisional, antes de entrar a valorar el fondo del caso, por lo que la decisión de este jueves no es una sentencia sobre las violaciones denunciadas por ambas partes, cuestiones que se tratarán más adelante, aún sin fecha.