La Fiscalía Especializada Anticorrupción del Beni imputó formalmente al alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara Arratia, por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica cometidos durante su gestión como director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) durante los años 2018, 2019 y 2020.
La Secretaría de Transparencia de la Gobernación del Beni presentó la denuncia el año 2021 y se respaldó con informes de auditoría interna de 2022. La imputación firmada el 27 de marzo por el fiscal Marcelo Flores Layme, indica que el exdirector dispuso incorrectamente el pago de 6.6 millones de bolivianos del Fondo de Avance de Cuentas, infringiendo el Manual de Funciones.
El fiscal identifica varias irregularidades, incluyendo actos omisivos al firmar y sellar documentación de desembolsos de dinero sin seguir los procedimientos permitidos para el funcionamiento del COED durante esos años.
Se señala que la participación criminal de Cristhian Cámara surge por la inobservancia del Manual de Fondos en Avance. Además, se afirma que el exdirector no tenía autorización para firmar ni autorizar ni dar visto bueno a ningún pago, lo que ha causado un daño económico al Estado por falta de documentación de respaldo.
Esta gestión también se considera conducta antieconómica y el fiscal concluye que Cámara ha cometido el delito al disponer de manera arbitraria bienes patrimoniales del Estado.
Mario Ricardo Bottega Vargas, exdirector del DGR durante septiembre a diciembre de 2020, enfrenta una situación similar, atribuyéndosele falta de documentación de respaldo en varios pagos realizados con cargo al mismo Fondo de Avance de Cuentas.
El fiscal solicitó medidas cautelares contra Cristhian Cámara, que incluyen presentarse ante el juez o el Registro Biométrico de la Fiscalía Departamental, prohibición de comunicarse con testigos y sujetos procesales, una fianza económica de Bs 10.000 y arraigo departamental, es decir, prohibición de salir del Beni sin autorización judicial.