Una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en ocho hospitales públicos de tercer nivel y siete de la Caja Nacional de Salud (CNS), que cuentan con unidades de oncología, constató deficiencias en infraestructura, recursos humanos, equipamiento, dotación de medicamentos, falta de acreditación, entre otras, aspectos que no garantizan una atención de calidad y ponen en riesgo la vida de las y los pacientes con cáncer.
“La investigación defensorial identificó, que el sistema de salud público del país no tiene la capacidad de cubrir la demanda de pacientes oncológicos que requieren de internación, la cantidad de camas es insuficiente para albergar a todas las personas que buscan un espacio para continuar con sus tratamientos”, detalló la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Mencionó que la realidad en los hospitales de la CNS no es diferente, pues la cantidad de camas son insuficientes para internación de los asegurados y beneficiarios, por la ausencia de espacios exclusivos o la improvisación en los servicios.
Estas consideraciones están contenidas en el Informe Defensorial “Las Unidades de Oncología desde una Mirada de Derechos Humanos. Situación de vulnerabilidad de las y los pacientes con cáncer en el Sistema Nacional de Salud”, realizado entre septiembre y noviembre de 2021, y que fue presentado este lunes en el Hospital de Clínicas.
Los establecimientos de salud públicos verificados en la investigación son: el Hospital de Clínicas de La Paz, Hospital General San Juan de Dios de Oruro, Hospital Daniel Bracamonte de Potosí, Hospital Clínico Viedma de Cochabamba, Instituto Nacional de Cancerología Cupertino Arteaga y el Instituto Chuquisaqueño de Oncología ICO, Hospital San Juan de Dios de Tarija y el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano de Santa Cruz. En la CNS la investigación contempló al Materno Infantil de La Paz, el Hospital Obrero N° 4 de Oruro, Hospital Obrero N° 5 de Potosí, Hospital Obrero N° 2 de Cochabamba, Hospital Obrero N°6 Jaime Mendoza de Chuquisaca, Hospital Obrero N°7 de Tarija y el Hospital Obrero N° 3 “400 camas” de Santa Cruz.
“Ya se ha notificado a las instituciones correspondientes con este informe defensorial y ponemos a disposición todo nuestro trabajo para poder mejorar las condiciones de los pacientes con cáncer y sus familiares”, enfatizó la funcionaria.
Cruz señaló que la investigación defensorial identificó que en el sector público ninguno de los ocho hospitales verificados que brindan servicios de oncología cuentan con el certificado de acreditación, ni han iniciado el proceso para ello, lo que significa que no se habría realizado una evaluación previa o que no cumplen con los requisitos mínimos como hospitales, institutos u hospitales especializados de tercer nivel de atención, con lo que ponen en incertidumbre la calidad en la prestación de este servicio por la falta de este “sello de garantía”.
Además, comentó que esa situación es similar en los centros médicos de la Caja Nacional de Salud, pues ninguno de los siete hospitales intervenidos cuenta con el certificado de acreditación otorgado por la ASUSS. Dijo que al no contar con el “sello de calidad” no están sujetos a procesos de evaluación, aspectos que van en desmedro del paciente oncológico y no permiten garantizar una atención de calidad.
En cuanto al tratamiento médico en el sistema público, la situación tampoco es alentadora, pues solo dos, el Instituto Nacional de Cancerología “Cupertino Arteaga” y el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano cuentan con servicio de radioterapia. El tratamiento con braquiterapia, empleado, principalmente, para tratar el cáncer de cuello uterino, cuya tasa de incidencia en el país es la más alta en Latinoamérica (55,56 por cada 100.000 mujeres), solamente lo brinda el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, dijo.
La reducida cantidad de profesionales especializados para la atención de pacientes oncológicos en los hospitales públicos es otra deficiencia identificada. A nivel nacional, existen solo 17 oncólogos clínicos y 16 oncólogos quirúrgicos, distribuidos en los diferentes establecimientos de salud que cuentan con unidades de oncología.
También indicó que la disponibilidad de medicamentos oncológicos, citostáticos y de terapia del dolor para pacientes oncológicos en el sistema de salud público es insuficiente, su alcance se limita a la cobertura del Sistema Único de Salud (SUS) que tiene como base la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Liname), convirtiéndose en inaccesibles para muchos pacientes por sus elevados costos.
Los ocho hospitales públicos de referencia, objeto de la investigación defensorial, no tienen normas de diagnóstico y tratamiento oncológico para la atención integral del cáncer, lo cual evidencia las falencias del Estado en la implementación de políticas de promoción, prevención, atención, control, rehabilitación y cuidados paliativos de forma integral para todas las clases de cáncer que se dan en el país. Solo cuentan con normas y planes para cáncer de cuello uterino y de mama dejando de lado a otras patologías cancerígenas.
Con relación a los hospitales de la CNS, la Defensora señaló que sus infraestructuras son construcciones antiguas donde las unidades de oncología se encuentran en ambientes adaptados e improvisados que no responden a una atención de calidad ni a la demanda de los pacientes con cáncer.
Añadió que los hospitales de la CNS no brindan los servicios para el tratamiento de radioterapia y braquiterapia, todas las atenciones son realizadas a través de compra de servicios y reembolsos; ninguno cuenta con aceleradores lineales para el tratamiento efectivo del cáncer que permita dejar el uso convencional de las bombas de cobalto.
Tampoco existe la suficiente disponibilidad de medicamentos oncológicos y de terapia del dolor, situación que obliga al paciente a adquirirlos con sus propios recursos, lo que afecta su economía por los altos costos y la demora en la devolución de los montos por parte de la CNS, apuntó la Defensora.
El asesor de la OPS-OMS en Bolivia, Leonildo de Moura, dijo que le informe tiene “rigor académico y es imparcial”. “El país necesitaba este diagnóstico, ahora necesitamos ponerlo en práctica, merece continuidad”, señaló.