La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en un comunicado de prensa emitido este viernes, instan al Estado boliviano a respetar los derechos humanos en el contexto de las protestas que se llevan a cabo en el país desde el 22 de enero. El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, respondió que se respetan las protestas que garantizan los derechos de la población y recordó que existe un diálogo instalado que busca una salida a las elecciones judiciales.
Desde el 22 de enero, organizaciones sociales vienen sosteniendo un bloqueo de caminos en distintos puntos del país, diferentes autoridades gubernamentales han descalificado la protesta. La CIDH y la RELE “recuerdan al Estado su deber de respetar a los estándares interamericanos sobre libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, así como tomar medidas efectivas para generar diálogos y reducir la polarización política en el país”.
Recuerdan que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Las limitaciones a este derecho no pueden depender del contenido, la modalidad de la reunión pacífica, o el parecer oficial sobre la legitimidad de esta.
Asimismo, precisan que “toda limitación a este derecho debe acreditar rigurosamente los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En ese sentido, el Estado debe adoptar medidas para proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta y garantizar los derechos a la vida, integridad, salud y las condiciones para el abastecimiento de toda la población”.
Detallan que, cuando “las protestas se extienden en el tiempo y escala a punto de comprometer gravemente la garantía de otros derechos como por ejemplo el i) derecho a la vida; ii) aprovisionamiento de alimentos; o iii) el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso”.
Las manifestaciones de diferentes grupos se originaron a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que prorrogó sus mandatos y de otras autoridades judiciales, y ahora exigen elecciones judiciales de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Elecciones que debieron celebrarse en 2023, la preselección de candidatos debió ser convocada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), “omisión que ha generado una preocupante afectación a la independencia del poder judicial y descontento social”.
“Las protestas, que se realizan en distintas localidades de país, se enmarcan en un ambiente de alta polarización política tras una reciente decisión del TCP que concluyó que la Constitución boliviana no permite la reelección presidencial indefinida”, señala el documento.
Se garantiza la protesta
El ministro Lima afirmó que se respetan las protestas que garantizan los derechos de la población. “El documento de la CIDH señala la palabra diálogo como la base, como el contenido de la declaración que han emitido. Y cuando habla de ese diálogo y la protesta social tienen que ser plenamente compatibles con el derecho a la vida, la integridad, la salud y las condiciones de abastecimiento de alimentación a la población”, apuntó.
De acuerdo con el ministro, la CIDH reconoce que la situación que vive Bolivia se debe a que la Asamblea Plurinacional no convocó a las elecciones judiciales.
“Reconocen que la causa del conflicto es la omisión que ha generado una preocupación a la afectación de independencia judicial y el descontento social”, dijo.
Señaló que la CIDH también manifestó que las elecciones judiciales no deben realizarse en plazos breves, sino más bien pide garantizar plazos y procesos que permitan la participación de la población y priorizar la meritocracia entre los precandidatos.
“La CIDH está planteando la meritocracia y la capacidad profesional como único elemento para que la sociedad civil tenga magistrados y consejeros de la más alta calidad”, sostuvo Lima.