Las autoridades del Gobierno y de la Gobernación de Santa Cruz se reunirán desde las 15:00 de este lunes para encontrar una solución técnica y viabilizar la construcción de la carretera Santa Cruz -Las Cruces-Buena Vista, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.
“Como Gobierno nacional hemos convocado a una mesa técnica, una mesa de diálogo que pueda llevar adelante un trabajo eminentemente técnico, porque creemos que ese es el camino para solucionar nuestras diferencias y los problemas que se puedan encontrar en el camino”, afirmó en una entrevista en la televisora estatal.
La reunión debía realizarse el viernes pasado, por convocatoria del Gobierno nacional, pero pasadas las 11:00 llegó al Ministerio de Planificación del Desarrollo una carta firmada por el secretario departamental de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, Edgar Landívar, solicitando reprogramar la cita para este lunes.
Cusicanqui consideró que autoridades de la Gobernación de Santa Cruz buscan politizar este tema de la carretera, pero su tratamiento y viabilidad debe responder –insistió- a cuestiones técnicas en una mesa de diálogo como se propuso y consolidará este lunes.
La administración departamental administrada desde la cárcel por el gobernador Luis Fernando Camacho expuso a lo largo de este tiempo argumentos para oponerse a la carretera como falta de presupuesto y estudios. Lo último que utilizan para su posición es que la obra afectará acuíferos, pese a que estudios técnicos de la misma gobernación los desmienten.
Sectores sociales de zonas productoras de la región de influencia de la carretera, con su trazo inicial y definido por la Gobernación del exgobernador Rubén Costas, exigen a Camacho y a la Asamblea Legislativa Departamental, controlada por Creemos del gobernador, validar y avalar el convenio firmado en 2022 por el mismo Camacho.
“Para nosotros, por lo menos nos resulta contradictorio” la posición de Camacho, porque cuando firmó el convenio en 2022 tuvo que hacerlo sobre la base de una evaluación “integral, incluido el tema de los acuíferos”, afirmó Cusicanqui y lamentó que ahora se trate este tema “como bandera política”.
De acuerdo a la información histórica, este proyecto nació en 2010 a sugerencia de la gobernación de Costas. En 2016 presentaron el diseño y trazo de la vía, que ahora es puesta en cuestión por la actual administración departamental.
En 2017 se dio paso a la búsqueda de financiamiento. El proceso culminó el 04 de abril de 2018 con la promulgación de la Ley que aprobó el Contrato de Préstamo con la CAF.
Camacho firmó el 22 de abril de 2022 un convenio interinstitucional con la Administradora Boliviana de Carreteras para ejecutar el proyecto, pero ahora lo rechaza.
Sin embargo, reiteró que el Gobierno nacional mantiene su vocación de diálogo para solucionar este conflicto.