Agencias.- Después de un fin de semana que incluyó el asesinato del alcalde de Manta y de hechos violentos en las cárceles, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción, por 60 días, en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en el cantón Durán de la provincia del Guayas. El anuncio sucedió luego de la sesión que celebró el Comité de Seguridad y que fue presidido por el mandatario.
Aunque Lasso dijo que la medida entrará en vigencia de forma inmediata, el decreto aún no se ha publicado. Sin embargo, según informó el jefe de Estado, en las tres zonas bajo estado de excepción habrá un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las cinco de la madrugada.
En las declaraciones del mandatario, también se revelaron los avances de las investigaciones sobre el sicariato que le quitó la vida al alcalde de Manta, Agustín Intriago. Aunque la Policía informó sobre la detención de uno de los participantes del atentado, la retención del vehículo donde se trasladaba el gatillero y sobre algunas evidencias, Lasso confirmó que los agentes decomisaron cuatro celulares que están bajo análisis de la unidad de Criminalística: uno se encontró en el auto de los delincuentes; uno en la zona de barrido junto al fusil; y dos pertenecen a colaboradores del alcalde.
La Policía confirmó a los medios de comunicación que el alcalde Intriago tenía resguardo policial porque “existían las denuncias en la respectiva fiscalía sobre las amenazas” de las que era víctima. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado anunció que no cuentan con ningún registro sobre una denuncia de este tipo.
Asimismo, Lasso anunció que más de 1.000 efectivos policiales resguardarán el cantón Durán. Antes había 470 uniformados.
Sobre los incidentes del fin de semana en la Penitenciaría del Litoral, que dejaron seis presos asesinados y 11 heridos, Lasso reconoció que “las organizaciones delincuenciales operan desde dentro de las cárceles… No es un problema que inició hoy, se vienen gestando desde hace más de una década”. El presidente no se refirió a la huelga de hambre que protagonizan los presos de 13 cárceles del país ni a la retención de más de 90 agentes penitenciarios.