A dos meses del lanzamiento de la segunda fase del Plan Soberanía para el control en la venta de combustibles en fronteras, los operativos evitaron que más 5,8 millones de litros de carburantes se desvíen al contrabando, informó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez.
“Estos resultados son fruto de la de acción interinstitucional del Estado para evitar que los combustibles sean desviados hacia países limítrofes, tal como establece la política de lucha contra el contrabando”, indicó en conferencia de prensa.
Al respecto, el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Williams Donaire, destacó el balance de los operativos y manifestó que los resultados de estos dos meses de ejecución del plan se traducen en un “ahorro efectivo en la subvención del Estado”.
“Hemos trabajado con un plan de contingencia, además se realizaron visitas a comunidades y capitales de departamento, principalmente, en Santa Cruz, por la cosecha y el inicio de la zafra azucarera. Se dispuso de 2,8 millones de litros de diésel y luego se incrementó hasta tres millones de litros; ahora el abastecimiento está controlado”, explicó.
Jiménez detalló que se realizaron 1.019 operativos de control con la presencia de 414 efectivos militares y 77 funcionarios de la ANH que intervinieron en cinco municipios de área de riesgo, seis municipios de frontera y 27 estaciones de servicio. Fruto de los controles se precintaron 4 estaciones de servicio por irregularidades y 97 personas fueron aprendidas.
Se estima que, en dos meses, las acciones de control y prevención del Plan Soberanía lograron un ahorro del 15% en la venta de combustibles, y se evitó que sea destinado al contrabando en fronteras. Además, se logró la incautación por valor de Bs 11,8 millones en equipos, vehículos e inmuebles utilizados para el desvió de carburantes.
Este plan es fruto de un trabajo conjunto entre los ministerios de Hidrocarburos y Energías, de Gobierno, de Defensa y de Economía, los que tendrán a su cargo la ejecución de una serie de medidas que permitan al Estado boliviano aminorar los efectos de la subvención de carburantes y garantizar la estabilidad de precios y abastecimiento en el mercado nacional.