El Ministerio Público emitió este lunes un decreto de sobreseimiento contra 12 implicados en el caso coimas millonarias en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), denunciado por el diputado de la facción ‘evista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce, por considerar que no existen elementos de prueba.
“Los suscritos Fiscales de Materia asignado a la Fiscalía Especializada de Delitos de Anticorrupción de Chuquisaca, en uso específico de las atribuciones que les confiere el Art. 323 Núm. 3) del Código de Procedimiento Penal concordante con lo señalado por el Art. 40 núm. 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreta el sobreseimiento de la denuncia de Héctor Arce Rodríguez”, señala la parte resolutiva.
Los sobreseídos son Cristian Mendieta, exgerente técnico de la ABC; el ciudadano chino Zhengyuan Jin, exrepresentante de la empresa china Harbour Engineering Company (Chec); Juan Carlos Hidalgo, Javier López, Said Martínez, Cosme Agostopa, Carlos Chipana y Deymer Quispe, todos miembros de la comisión calificadora que avaló la adjudicación; Jesús Aguilar, contador de la ABC; William Mamani, exgerente administrativo de la ABC; María Isabel Galleguillos, la notario de fe pública que entregó un poder al empresario Zhengyuan; y Hernán Palacios, exgerente regional ABC de Chuquisaca.
En enero de 2022 se conoció que la empresa China Harbour Engineering Company (Chec) se adjudicó la construcción de la doble vía Sucre – Yamparáez (departamento de Chuquisaca) por un monto total de Bs 456.809.149, según señala la resolución publicada en el Sicoes.
La ruta, que cubre un poco de más de 25 kilómetros, comenzó a ser construida poco después y todo avanzaba con normalidad, hasta que unos meses después, en septiembre de 2022, se presentó la denuncia de supuestos sobornos a funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras para que les otorguen la adjudicación.
La denuncia fue presentada por el diputado del Movimiento Al Socialismo, Héctor Arce, en la cual se señalaba que ejecutivos de la Chec ofrecieron coimas por un valor del 4% del monto total adjudicado; es decir, habrían cobrado alrededor de Bs 18 millones.
De acuerdo con el decreto del Ministerio Público, no se pudo comprobar las irregularidades denunciadas en este proceso de adjudicación.
“La auditoría forense, determina, que dentro del proceso de contratación, no ha existido irregularidades, puesto que se tiene como mejor oferta y precio, el que proponía la empresa Chec, la cual cumplía con todos los requisitos establecidos en el DBC (documento base de contratación), de la Licitación Pública para la Construcción de la Doble Vía Sucre-Yamparáez, sobre el supuesto cambio de documentación que se hubiese realizado, no se tiene mayores datos, por lo que se presume que todo el proceso de licitación de la construcción de la Doble Vía Sucre- Yamparáez, ha sido dentro del marco de lo legal”, se lee en el documento.
Asimismo, menciona que el supuesto dinero para el soborno no tenía ese destino, sino que se trataba de un adelanto de pago por el proyecto carretero y se establece que se retiraron esos recursos del banco porque Zhengyuan Jin, el ejecutivo chino que representaba a la empresa, estaba siendo extorsionado por Felipe Sandy, que fue el testigo protegido que destapó el caso y falleció en Estados Unidos en enero pasado.
“Se puede establecer que el destino del dinero en calidad de adelanto a la empresa Chec, que en su momento estaba representado por el señor Jin, no era para el supuesto soborno, sino que, en algún momento, hubiese habido extorsión de parte del señor Felipe Sandy, por lo que, el dinero actualmente se encuentra en las cuentas de la Chec, y el misma se está disponiendo en la inversión de la carretera Sucre-Yamparáez”, indica el decreto.
La Fiscalía detalla en el documento, de más de 120 páginas, que no se encontraron pruebas para demostrar la culpabilidad de los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles, uso de instrumento falsificado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.