DW.- Más de diez mil personas desplazadas en los últimos días por las inundaciones en la región de Emilia-Romaña, en Italia, han podido volver a sus casas, mientras continúan las labores de limpieza y el control de corrimientos de tierra, lo que más preocupa ahora. El último parte de este domingo cifra los desplazados en 26.000, mientras que ayer sábado superaban los 36.600, aunque prosigue hasta mañana la “alerta roja” en toda la región. El último parte oficial mantiene en 14 las víctimas mortales confirmadas.
La mayor parte de los desplazados son de la provincia de Ravenna (19.500), la más afectada, mientras que otros 4.918 son de Forlì-Cesena y 1.906 de Boloña. Más de 5.300 personas siguen siendo acogidas en instalaciones de la Protección Civil, escuelas y polideportivos, mientras que el resto han encontrado alojamientos alternativos en segundas viviendas o casas de familiares o amigos, según la misma fuente.
La Protección Civil informó de que todavía hay 43 municipios inundados y unos 305 corrimientos afectan a 54 pueblos. El desastre desatado el pasado miércoles ha provocado daños cifrados en “miles de millones de euros” por las autoridades regionales, ha destrozado numerosas infraestructuras y este domingo mantenía cerradas 622 carreteras.
La primera ministra, Giorgia Meloni, adelantó su regreso de la cumbre del G7 de Hiroshima y este domingo visitó las zonas afectadas y ha convocado el martes un Consejo de Ministros extraordinario para desembolsar las primeras ayudas y exenciones fiscales. Su presencia ha sido criticada por el alcalde de Ravenna, Michele De Pascale, que dijo que “en estos momentos necesitamos de todo menos pasarelas con cientos de personas”.
Mientras tanto, en Roma, activistas climáticos tiñeron de negro el agua de la famosa Fontana di Trevi, diciendo que las inundaciones son “una advertencia”. Militantes de la organización ecologista Last Generation se metieron en la famosa fuente y vertieron en el agua un líquido a base de carbón vegetal y desplegaron una pancarta en la que exigían dejar de invertir en combustibles fósiles antes de ser desalojados por la policía.