DW.- Amnistía Internacional (AI) urgió a Perú y Chile a poner fin a la militarización de sus fronteras y acusó a los presidentes de ambos países de decretar “políticas crueles y deshumanizadoras que violan las normas internacionales” para la protección de migrantes y refugiados.
“Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas (migrantes) como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras, que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para la protección de personas en necesidad de protección internacional”, sostuvo la organización en un comunicado.
AI estimó que al menos 300 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad venezolana y haitiana, se encuentran varadas en la frontera entre ambos países “en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas”.
Chile también militarizó pasos fronterizos
Recordó que, desde comienzos de 2023, el gobierno chileno ha desplegado efectivos militares a sus fronteras con Bolivia y Perú con el fin de detener la llegada de personas indocumentadas al país y que “el cierre de la frontera ha provocado fuertes tensiones en las últimas semanas”.
El gobierno peruano, por su parte, declaró desde un estado de emergencia en siete departamentos fronterizos, entre ellos Tacna, colindante con Chile.
“Estas medidas fueron adoptadas en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular”, señaló la organización.
La directora de AI para las Américas, Erika Guevara, aseveró que “al militarizar y cerrar la puerta a miles de personas que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen, los gobiernos de (Gabriel) Boric (Chile) y (Dina) Boluarte (Perú) están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas”.
La organización insistió, en esa línea, que “los gobiernos de Chile y Perú están obligados a proveer de protección y garantizar el derecho a solicitar asilo” a las personas en necesidad de protección internacional, “de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por ambos países e incorporados en su legislación”.
“Cuando los Estados acuden a medidas unilaterales contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, generan un efecto domino. En lugar de acudir a este tipo de medidas que castigan a quienes buscan la protección internacional y una mejor condición de vida, Chile y Perú deberían de cooperar para brindar una respuesta humanitaria y centrada en los derechos humanos”, dijo Guevara.
Militarización durará 60 días
Perú mantendrá por 60 días el estado de emergencia y la militarización de sus fronteras, para reforzar los controles ante la llegada de migrantes, la mayoría provenientes de Chile, según un decreto oficial publicado el jueves.
Al día siguiente de su anuncio, el gobierno de Boluarte precisó el plazo de la medida, que además incluirá restricción de derechos como el de libertad de tránsito y de reunión en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia.
Según Boluarte, el estado de emergencia está encaminado a combatir la inseguridad. Apoyándose en informes de prensa el miércoles sostuvo que “quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros”.