Los juristas independientes no lograron recolectar el millón y medio de firmas requeridas para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoque a un referéndum a fin de impulsar una reforma judicial por medio de enmiendas a la Constitución Política del Estado sobre la forma de elección de magistrados y otros aspectos.
En conferencia de prensa conjunta dictada en La Paz, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera dio lectura a un pronunciamiento de los juristas independientes que encabezaron la cruzada nacional por la justicia, en el que se menciona que sólo se logró reunir 833.115 firmas desde el 25 de enero pasada, fecha en la que comenzó el plazo de 90 días que fijo el TSE en el marco de la ley electoral vigente.
“En el curso de estos 90 días, la adhesión de 833.115 personas a la propuesta ciudadana para la transformación estructural de la justicia, ha generado una movilización democrática no vista antes en el país, por lo que nos queda claro que ese plazo burocrático, casi mezquino, que nos impuso el Estado no es el plazo histórico, porque este 23 de abril concluyó la recolección de firmas, pero no la demanda nacional de una administración de justicia libre de corrupción, de retardación, de exclusión y de subordinación política”, indica el documento.
Señalan también que “no hemos fallado los impulsores de esta cruzada que no logró el millón y medio de adhesiones, porque dimos todas las batallas hasta el último momento, y mucho menos han fallado las 833.115 bolivianas y bolivianos que decidieron ser parte de la misma. Hemos avanzado un buen trecho de un camino nuevo que ahora sí está abierto y que tiene que continuar abriéndose para seguir avanzando, hasta liberar la justicia del secuestro político y sacarla de la profunda crisis en que se encuentra”.
Argumentan que han tenido más dificultades que posibilidades; pero, aun así -agregan- “hemos generado una verdadera corriente nacional en torno a una causa justa y noble: un sistema judicial al servicio de la gente. Esa causa está inscrita en la agenda nacional de manera indeleble; es una causa ciudadana sin color político partidario, es transversal a todos los sectores sociales y regiones y, por lo mismo, es tarea de todas y de todos continuarla y culminarla”.
Reiteraron que “la administración judicial cooptada y subordinada al poder político de turno, ha convertido un servicio público en mecanismo de control autoritario de la sociedad. Una justicia con operadores mediocres, especialmente en su cúpula, ha convertido la crisis judicial en una tragedia que la sufre el país en el mal servicio, la falta de acceso y la corrupción generalizada”.
Aclaran que la propuesta de reforma no estuvo dirigida contra el Gobierno y no provenía de la oposición política. “Sin embargo, los primeros que se sintieron afectados fueron los titulares de los órganos de Estado que, de inicio, percibieron que el cambio judicial era un primer paso para remover un sistema asentado en el silenciamiento de la sociedad, la impunidad de los poderosos y en el desconocimiento progresivo del Estado de Derecho”.
“Los juristas independientes, que elaboramos y alentamos la propuesta de reforma sin calculo ni aspiración política alguna, nos mantendremos activos como grupo, pero sobre todo como parte de esa enorme multitud de ciudadanas y ciudadanos que fueron los protagonistas irreemplazables de esta gesta que no ha concluido, que solo ha comenzado”, manifiestan.
Plantean que todas las fuerzas democráticas de la sociedad deben exigir al liderazgo político nacional viabilizar la reforma judicial estructural con una ley de modificación parcial de la Constitución, convocando a referéndum popular con base a la gran legitimidad y los contenidos esenciales de la propuesta ciudadana impulsada por el grupo de juristas independientes.