El Consejo Constitucional francés se pronuncia este viernes sobre la validez de la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, un esperado dictamen que marcará el futuro de un conflicto social tras meses de protestas masivas.
A las 18:00 (12:00 hora boliviana), esta institución garante de la Constitución en Francia debe comunicar además si da el visto bueno a un pedido de referendo de la oposición para limitar la edad de jubilación a la actual de 62 años, que Macron quiere retrasar a 64 para 2030.
“Contamos con la sabiduría de los jueces (…) para no convalidar esta ley tal y como está”, dijo la víspera la líder del sindicato CGT, Sophie Binnet. “Si no obtenemos al menos el referendo, la cólera social será muy fuerte”, abundó su par de la CFTC, Cyril Chabanier.
Símbolo de la tensión reinante, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad protegieron la víspera la entrada de la sede del Consejo Constitucional, en pleno centro de París, en cuyas inmediaciones se registraron choques con la policía en la duodécima jornada de protestas contra la reforma.
La decisión del Consejo no es fácil. Validar el retraso de la edad de jubilación y la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, a partir de 2027 para cobrar una pensión completa podría, para sus detractores, alimentar la “crisis democrática” que vive Francia.
Pese al rechazo de los sindicatos y de una mayoría de franceses, según los sondeos, Macron decidió el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta desde junio.
Pero anular una ley que, según el gobierno busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, sería un revés para el presidente liberal, que se juega en este pulso poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato hasta 2027.
Posible anulación disposiciones secundarias
Los observadores consideran que la opción más probable es que los miembros del Constitucional anulen disposiciones secundarias de la reforma, sin tocar las medidas claves de la ley, lo que le permitiría al gobierno salir airoso de este examen crucial.
Esta censura parcial “iría en la línea de siempre” del Consejo: “No bloquear las grandes reformas sociales o de sociedad”, explicó a la AFP Lauréline Fontaine, profesora de Derecho Constitucional de la universidad parisina Sorbonne Nouvelle.
Nueve “sabios”, escogidos por los presidentes de Francia y de las dos cámaras del Parlamento por igual, forman la institución y su composición actual es favorable a Macron. Entre ellos hay dos ex primeros ministros, el socialista Laurent Fabius y el derechista Alain Juppé.
En un clima de fuerte tensión y con una extrema derecha al alza en los sondeos, el Consejo podría adoptar una solución salomónica y validar el pedido de Referendo de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés), que podría reconducir la contestación a una nueva forma de acción.
Si consigue el visto bueno, sus promotores deberán a continuación recabar en nueve meses 4,8 millones de firmas, correspondientes al 10% del censo electoral, para que la propuesta siga adelante, aunque la convocatoria de un referendo no es automática.
Manifestaciones a la baja
El presidente francés debería convocarlo únicamente si, en un plazo de seis meses tras terminar la campaña de recogida de firmas, el Parlamento no ha decidido retomar la mano de esta propuesta y someterla a la votación de ambas cámaras.
Esta última opción podría caldear aún más el ambiente, máxime cuando el referendo aparece como el último recurso para paralizar la reforma. La oposición de izquierda presentó incluso una segunda demanda de RIP en caso de que el Consejo tumbe su primer pedido.
Desde el 7 de marzo, cuando se manifestaron entre 1,2 y 3,5 millones de personas, según las autoridades y la CGT, respectivamente, las marchas son menos numerosas. El jueves, fueron entre 380.000 y 1,5 millones de personas, según sendas fuentes.
Pero la intensidad se mantiene con choques entre policías y manifestantes radicales, protestas improvisadas marcadas por disturbios y acciones puntuales como bloqueos de acceso a ciudades, universidades o liceos.
Según una nota de los servicios de inteligencia franceses, consultada por la AFP, ya se esperan 131 acciones el viernes por la noche tras la decisión del Consejo.