La deuda de las empresas públicas al Banco Central de Bolivia (BCB) bordea los Bs 36.000 millones y según su presidente ejecutivo interino, Edwin Rojas, son pagadas con puntualidad y en los pazos establecidos.
“Estamos por los 36.000 millones de bolivianos y un poco más, 36.300 (millones de bolivianos), si la memoria no me falla, que es el nivel de deuda de las empresas públicas”, explicó en entrevista con la red de medios estatales.
Rojas enfatizó en que es importante que la población boliviana sepa que los créditos que otorga el ente emisor a las empresas públicas están autorizados “expresamente por ley”.
“Lo que nosotros hemos visto hasta la fecha es que no tenemos ningún tipo de retraso en los pagos; o sea, las empresas están cumpliendo debidamente con los plazos establecidos y con los cronogramas de plazo establecidos en los contratos de crédito”, destacó.
De acuerdo con Rojas, los créditos que del ente emisor del país a las diferentes empresas del Estado tienen las garantías correspondientes, no solamente implican la firma de un contrato.
“Hay una emisión de bono que hace el Tesoro (General de la Nación) para garantizar la operación, pero, a su vez, también hay una priorización que efectúa el ministerio cabeza de sector y definir la rentabilidad que va a tener el proyecto”, explicó.
Consultado si hay mora en los pagos de las firmas públicas, respondió: “Sería deuda de las empresas públicas con el Banco Central, cero. No existe. Reitero, se está pagando puntualmente”.
De acuerdo con datos oficiales, en 2021, el BCB otorgó créditos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBHI), a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y a la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba). Dependen de los ministerios de Hidrocarburos y Energías; y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
YPFB, YLB y la EBHI encaran en la actualidad la construcción de diferentes plantas de industrialización en materia de litio, biodiésel y fertilizantes, en el marco de la política de sustitución de importaciones enmarcada en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo.