ANF.- La senadora Centa Rek ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para el dirigente del comité de autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Cesar Apaza, quien se encuentra en un hospital de La Paz, tras sufrir un accidente cerebrovascular; donde, además, lo tienen encadenado en su cama.
La solicitud de Rek ha sido presentada a solicitud y en coordinación con la esposa del dirigente cocalero, como exige los requisitos de la CIDH, para que esta “medida protectiva sea otorgada de inmediato, es urgente, no puede la CIDH cerrar los ojos a esta situación que están presentando los presos políticos en Bolivia”.
“A solicitud de la esposa del dirigente cocalero Julio Cesar Apaza, recluido desde septiembre pasado en el penal de Chonchocoro de La Paz, quien fue secuestrado por fuerzas policiales de manera abrupta y violenta como muchos presos políticos, he cursado una solicitud a la CIDH para que este organismo tome conocimiento de la situación de salud y de riesgo de vida de este dirigente cocalero, preso político en la actualidad”, explicó Rek.
En la madrugada del 22 de septiembre del año pasado, un grupo de civiles en vehículo sin identificación policial detuvo a Apaza a golpes. Su defensa denunció que se lo hizo sin previa notificación, y con uso excesivo de violencia. La justicia determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro, un mes y medio después fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro acusado de organizar las marchas cocaleras desde ese recinto.
En pasado días, el cocalero sufrió una embolia y la parálisis de una parte de su cuerpo, fue trasladado al hospital donde está internado. La abogada de Apaza señaló que las autoridades competentes le negaron atención médica antes de que sucediera este hecho de salud.
La senadora Rek manifestó que lo que sucede con Apaza y otros cocaleros de Adepcoca detenidos preventivamente es de extrema gravedad, porque la familia y la abogada defensora han denunciado torturas en el caso del líder cocalero. Por esa razón se ha pedido que se le practique exámenes forenses independientes que determinen la verdadera causa del accidente cerebrovascular que sufrió Apaza.
“Denunciar también que la familia y la abogada del señor Apaza me han reconfirmado que los cocaleros reciben torturas desde las 2 de la mañana todos los días en el penal de Chonchocoro; estos excesos deben ser investigados; porque no es posible que a título de cárcel de máxima seguridad se tengan detenidos preventivos en este recinto carcelario, donde también se encuentra el gobernador Luis Fernando Camacho, secuestrado también y en detención preventiva”, manifestó Rek.
Añadió que Cesar Apaza está detenido por defender la legalidad, por defender la vigencia de un solo mercado de la coca, establecido por ley; sin embargo, el gobierno, en especial el actual Ministro de Gobierno, han buscado una y mil formas para quebrantar la ley y poner un funcionamiento un segundo mercado de la coca, totalmente ilegal.
“La familia denuncia que el dirigente ha tenido malos tratos incluso en las instalaciones del hospital de donde se encuentra en la actualidad. Un médico enviado por el penal ha tenido acciones inexplicables, violentas pretendiendo hacerle un examen neurológico para que vuelva a la cárcel cuando no está en condiciones de volver al penal”, sostuvo Rek.
Cuestionó el silencio del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, “¿Dónde está el Defensor del Pueblo; dónde están la organizaciones encargadas de velar por la seguridad de las personas privadas de libertad?
En el formulario de solicitud de medidas cautelares de la CIDH, en su punto ii), pide: “Explicar las razones por las cuales la situación alegada sería grave, urgente y requeriría medidas cautelares para prevenir daños irreparables en los términos del artículo 25 del Reglamento:”; ante lo cual Rek detalló: “Gravedad: El propuesto beneficiario quien también fue y es víctima de tortura, se encuentra en una situación grave, su vida corre peligro al padecer de una cuadriplejia, acompañado de una pérdida de conciencia, memoria y visión. Su abogada ya había presentado varias peticiones y requerimientos ante la Comisión de Fiscales solicitando su atención médica en el Penal de Chonchocoro sin embargo todas sus peticiones fueron desatendidas, así como las denuncias por torturas y tratos crueles cometidos por los civiles que lo secuestraron y los policías de la Felcc. Para lograr su traslado al Hospital de Clínicas, su abogada debió implorar la atención previo diagnóstico del médico del Gobernador Luis Fernando Camacho que también se encuentra en el mismo centro penitenciario con detención preventiva”.
Por todo ello, la legisladora espera que en esta oportunidad la CIDH actúe con celeridad en este caso y de todos los detenidos políticos, muchos de los cuales están secuestrados y serían víctimas de torturas físicas y psicológicas en Chonchocoro, sin contar con una sentencia.