El Gobierno nacional no ve necesario dictar el estado de excepción en el departamento de Santa Cruz, porque considera que la situación de conflictividad vivida en los últimos ocho días en esa región del país, principalmente en la ciudad capital, está controlada, afirmó este jueves el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
Explicó que una medida de estas características solo podría darse si la Policía Boliviana fuera rebasada y ocurrieran hechos que la propia Constitución Política del Estado establece como razones valederas que le facultan al Órgano Ejecutivo decretar el estado de excepción.
De acuerdo con la normativa vigente en el país, el estado de excepción es la respuesta a una situación de grave amenaza que pone en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, que no pueden ser superados con las facultades ordinarias.
La autoridad, en entrevista con la televisora Unitel, aseguró que la situación que actualmente se vive en Santa Cruz está controlada y, por tanto, no amerita dictar una medida de esa naturaleza.
Desde el pasado 28 de diciembre de 2022 se registran protestas por la aprehensión y posterior detención del gobernador Luis Fernando Camacho en el penal de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro. Desde el inicio de las movilizaciones que exigen la liberación de la primera autoridad política del departamento cruceño se denunciaron excesos por parte de la Policía y se reportaron más de 10 instituciones estatales y bienes privados incendiados y destrozados por grupos de vándalos.
Durante los ocho días que lleva el conflicto, han sido arrestadas más de 70 personas, de las cuales 25, tras declararse culpables de los cargos por los cuales la Fiscalía los imputó, recibieron sentencia judicial entre dos y tres años de cárcel.
Algunas de estas personas, según el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, fueron encontradas al momento de su arresto con armas de fuego, lo que evidencia -dijo la autoridad- que grupos violentos están afectando la seguridad del Estado.