El Comité Cívico pro Santa Cruz instruyó este miércoles a la población del departamento cruceño, en particular a las personas que habitan en la ciudad capital, a ejercer control de los abusos que cometen los policías y otras autoridades del nivel central.
“A partir de la fecha y hasta que asuma un nuevo comandante departamental de la Policía que haga respetar el uniforme y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, invocamos a la ciudadanía a ejercer el control y la protección entre nosotros de los abusos policiales y de otras autoridades nacionales”, indica una de las partes resolutivas del comunicado de la entidad cívica leída por su presidente, Rómulo Calvo.
Mencionó que todos los abusos y excesos policiales cometidos en los últimos días durante la brutal represión a los manifestantes en el sector del Cristo Redentor que exigen la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, deben ser denunciados y documentados en los libros abiertos por el Comité Cívico sobre las violaciones a la ley y los derechos humanos.
Afirmó que la Policía “se ha constituido en una fuerza represoras al servicio exclusivo del partido de gobierno, las personas que están bajo ese uniforme han estropeado y distorsionado el rol de la institución del orden público por su accionar abusivo, racista, vandálico y criminal. La Policía ha perdido toda autoridad, respeto y consideración de parte de la ciudadanía cruceña”.
Asimismo, agregó Calvo, “hasta que no se restaure el estado de derecho en el país, nos declaramos en estado de emergencia movilizado de toda la ciudadanía” y anticipó más movilizaciones en defensa de la democracia y en rechazo a la detención del gobernador.
Pidió al empresariado privado, entidades autónomas y autárquicas a dar flexibilidad a sus trabajadores para que diariamente, a partir de las 16:00, se unan a las manifestaciones para dar continuidad del estado movilizado de emergencia ciudadana.
Explicó que este pedido no solo es para dar relevo a los ciudadanos que hacen el resguardo de las instituciones públicas, sino también “para que se unan a la lucha pacífica y democrática en las calles hasta conseguir la restauración del estado de derecho”.