ANF.- Tras conocerse la conformación de una asociación de revendedores de combustible en Pando, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Tacni Mendoza afirmó que el 70% de la población de ese departamento se dedica a la reventa de diésel o gasolina y dijo que esa actividad ilegal es el principal ingreso económico de algunas familias. El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos sostuvo que el fenómeno es parte de la “ilegalidad que campea en el país”.
En medio de las nuevas medidas gubernamentales para evitar el tráfico y contrabando de combustible subvencionado, el jueves de la semana pasada se conoció la posesión de una asociación de revendedores de combustibles en Cobija. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) salió a calificar de ilegal al grupo y revindicó la vigencia de la Ley 100.
“Es ilegal la asociación que ha posesionado el Comité (Cívico), pero hay que decir que al menos el 70% de la la población se dedica a revender combustible, porque eso es para generar recursos para las familias, eso viene desde hace años; en Beni no es tanto, pero en Pando se dedica a eso, compran el combustible y lo revenden a 5 y 10 bolivianos el galoncito en la botella de 2 litros”, explicó la diputada del MAS.
El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos dijo que la creación de esta asociación es producto de la ilegalidad que existe y se practica en el país en diferentes sectores.
“Crean esta asociación que está al margen de la ley de lo que fundamenta las normas bolivianas, pero es producto de la ilegalidad que existe en el país, existe ilegalidad en la compra de combustibles , existe ilegalidad la importación de autos, esto nada más es una consecuencia de la ilegalidad que campea en el país”, sostuvo el analista.
La Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza (Ley 100), en su artículo 9, establece que, en las zonas fronterizas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos será el único comercializador minorista de combustible. Además, en su artículo 17 determina que la Agencia Nacional de Hidrocarburos será la instancia que deberá autorizar la exportación de petróleo diésel. Finalmente, fija una pena de seis años para los que comercialicen combustibles en zonas fronterizas sin contar con una autorización. Pese a esa regulación la asociación fue posesionada para pelear por su actividad.
“Se da este caso merced a la falta de empleo, de trabajo, la falta de políticas del Gobierno hacia la sociedad; y es así que se van creando mecanismos de generar recursos informales dentro de la familia, eso también tiene mucha culpa al Gobierno”, acusó al diputado pandino de Comunidad Ciudadanía (CC) Sebastián Divico Muchairo.
Para el senador Julio Romaña (Creemos), esta actividad creció dado el gran número de vehículos ilegales que existen en esa región del país y dijo que la ausencia de Estado con motivo de la aparición de los revendedores que ahora intentan ser una asociación.
“Lamentablemente podemos ver muchos carros ‘chutos’ en Cobija, y en otros departamentos, que circulan a vista y paciencia de las autoridades y eso es también ilegal, pero esto grupos aprovechan el padrinaje de alguna autoridad y a partir de ahí se afilian a algún sindicato”, dijo Romaña y resaltó que la venta de combustible en las calles de Cobija es algo que todos ven con normalidad, pero nunca se habían animado a conformar una organización.