El exmagistrado del Tribunal Constitucional y miembro del grupo de juristas independientes, José Antonio Rivera, aseguró que al Gobierno central le conviene tener una justicia en crisis para instrumentalizarla políticamente. Por esa razón, dijo, aceleran la organización del recojo de firmas para la reforma judicial a partir del 2 de enero de 2023 con al menos 10.000 personas.
El abogado manifestó que los juristas que impulsan la iniciativa ciudadana para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para sentar las bases de la transformación de la Justicia, están en plena movilización construyendo la cruzada nacional para recoger firmas.
“Estamos en la fase de impresión de los 17 mil libros y que deben ser notariados en su apertura y cierre. Además, de organizar logísticamente en los distritos y territorios en todos los municipios para que la primera semana de enero podamos salir de manera organizada a recoger las firmas”, declaró el jurista.
Al menos 10.000 personas se movilizarán en todo el país para registrar a las personas que estén de acuerdo en la necesidad de la reforma del sistema de justicia, anunció el exmagistrado.
“Por lo menos vamos a movilizar a 10.000 personas, en cada municipio organizamos de manera territorializada y distritalizada con jóvenes”, precisó. Jóvenes que quieren aportar en la recolección de están sumando, pero se tienen un fuerte apoyo de la Fundación Jubileo, sostuvo.
Rivera manifestó que el Gobierno entiende que hay necesidad de transformar la Justicia, pero que tiene una ambivalencia porque le es “útil una justicia en crisis, porque se instrumentaliza la justicia para la persecución penal”.
Además, porque si no se “reforma la justica se debilita el estado de Derecho y eso es un riesgo para quien ejerce el poder”.
De acuerdo a la Ley del Órgano Electoral deben recoger el equivalente al 20% del último padrón electoral, es decir, 1.483.000, pero se pusieron como objetivo recoger 1.500.000 firmas, porque luego el Tribunal Supremo Electoral depurará y se trata de asegura el porcentaje.
“Además de registrar los nombres, debemos autenticar su número de carnet de identidad utilizando un sistema informático para evitar algunos fraudes o adhesiones malintencionadas. Es una tarea difícil, pero estamos en eso”, apuntó.
Tienen 90 días para entregar los libros con las firmas, esperan hacerlo en 60 días para que el TSE pueda contrastar los registros con la base de datos del padrón electoral y proceder a la depuración, luego pasará al Tribunal Constitucional para el control constitucional y finalmente a la Asamblea Legislativa, instancia que debe emitir la convocatoria al referéndum.
En esta ruta crítica todavía existen “escollos” que deben atravesar, Rivera sostiene que se van superando estos obstáculos políticos, sin embargo, cree que en la Asamblea Legislativa Plurinacional si no aprueban la ley de convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene 30 días para fijar fecha del referéndum.
