El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó un proyecto de ley que condiciona el acceso a financiamiento público para propaganda política a la participación obligatoria de los candidatos en debates electorales. La iniciativa, que busca fortalecer la democracia, fue enviada a la Asamblea Legislativa para su análisis.
Según el artículo 137, parágrafo IV, del proyecto, los candidatos que no asistan a los debates serán sancionados con la suspensión del financiamiento estatal previsto en el artículo 73 de la Ley de Organizaciones Políticas.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, explicó que la propuesta tiene como objetivo garantizar que los electores reciban información clara y directa sobre las propuestas y planes de los candidatos. “Se trata de un debate obligatorio para todos los partidos y candidatos presidenciales, ante el pueblo, con la sanción de no recibir recursos públicos para propaganda si no se presentan”, afirmó en declaraciones a Unitel.
El proyecto establece que la obligatoriedad de los debates debe ser aprobada como parte de la modificación de la Ley 026 antes del 17 de mayo, tres meses antes de las elecciones presidenciales, programadas para el 17 de agosto de este año.
Además, el TSE ha programado un encuentro político preliminar para el 17 de febrero, con el fin de “blindar” el proceso electoral y fomentar un intercambio democrático de ideas entre los candidatos.
La iniciativa ha generado expectativas en diversos sectores, que ven en los debates una oportunidad para promover la transparencia y garantizar el acceso a información electoral de calidad. No obstante, también plantea desafíos logísticos y políticos que podrían influir en el desarrollo del proceso electoral.
