AFP.- Llamó “dictadura” al gobierno de Daniel Ortega siendo representante de Nicaragua ante la OEA. Separado del cargo tras el incidente, el ahora exembajador Arturo McFields reflexiona por vía telefónica desde Estados Unidos sobre la situación en su país.
En una sesión de marzo del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) McFields denunció la falta de libertades en Nicaragua, bajo la presidencia desde 2007 del exguerrillero Ortega y la vicepresidencia de Rosario Murillo, su esposa.
El 18 de abril de 2018 estallaron protestas contra Ortega que se extendieron por varios meses. Reprimidas por los cuerpos de seguridad, abandonaron 355 muertes reportadas, decenas de presos y millas de exiliados, según organismos de derechos humanos. Fue el inicio de una crisis política que perdura.
En noviembre de 2021 Ortega, de 76 años y líder del izquierdista Frente Sandinista, encontró un cuarto mandato consecutivo, con sus rivales y opositores detenidos -en condiciones “inhumanas” según McFields- acusados de complotar contra el gobierno.
P: ¿Cómo está Nicaragua a cuatro años de las protestas?
R: Mientras aumenta la delincuencia y el narcotráfico, la policía está persiguiendo, acosando a religiosos, a periodistas, a cantautores ya los pocos defensores de los derechos humanos que quedan. Es una cuestión irracional.
Pero toda muerte tiene su resurrección y creo que Nicaragua va a tener su Domingo de Gloria.
P: ¿Cuáles cree que serán los siguientes pasos del gobierno?
R: Que se atrevan a encarcelar a los líderes religiosos. Eso podría ser una nueva etapa de la represión. El año pasado el presidente dijo que en cualquier otro país los religiosos [críticos del gobierno] estarían presos (…) Los catalogó de terroristas.
P: ¿Lo dice también por la expulsión del nuncio apostólico en marzo?
R: Este año se ha continuado con las amenazas y sabemos que luego se concretan. Quiero creer que va a haber esperanza, la gente está cansada de tanta represión, los mismos funcionarios de gobierno, los policías, los militares.
P: ¿Ve alguna manifestación colectiva?
R: Ese cansancio en algún momento se va a concretar de alguna forma en una manifestación de algo diferente. ¿Cómo lo sé? Yo soy la prueba viviente. Estaba dentro y me cansé. Me cansé de tanta crueldad, de tanto maltrato.
La represión es un bumerán. Cuando aumenta la represión y la crueldad eso te desnuda como dictador, y ya la retórica del imperio y de la CIA y de todas esas cosas que se suelen decir se cae y demuestras que sos un dictador sin mayor carisma.
Esa represión exagerada (…) está dejando al desnudo lo grotesco que puede ser la dictadura y la violencia con la que actúa.
P: Usted habló de un descontento dentro del gobierno. ¿A quién se refiere?
R: El gobierno no permite que la gente revele posicionamientos así de categóricos. Le estoy dando el ambiente del entorno y de las interacciones que uno tiene a nivel de altos funcionarios en los que uno ve los comentarios, oye las reacciones. Uno siente y dice: no soy el único.
El gobierno logra aplacar estas inconformidades con las tres P: Prisión, prebendas y persuasión.
La persuasión no se está usando mucho, las prebendas no hay porque no hay cooperación venezolana, entonces lo que se usa es la prisión. A los funcionarios se les quita el pasaporte y esto se ha reforzado por lo que ha sucedido con mi caso.
P: ¿Quién lleva el liderazgo, Ortega o Murillo?
R: En la cotidianidad Rosario es la que está más al frente. Pero cuando son decisiones de extrema envergadura, el presidente tiene la última palabra.
P: Por ejemplo, la decisión de sacar a Nicaragua de la OEA (anunciada a fines de 2021)…
R: Esas son decisiones donde a él se le consulta. Pero en el día a día, en mi caso mi comunicación era directa con ella [Murillo].
P: ¿Cuál es su estatus en Estados Unidos?
Estamos en la transición hacia un asilo. En mi país se me ha catalogado como un traidor a la patria (…) y si regreso me espera una celda en El Chipote [prisión policial donde están recluidos opositores].
P: ¿Qué espera de la administración Biden?
R: Rogamos que extienda un estatus de protección temporal para los nicaragüenses que van huyendo. Que les permita ganarse la vida honestamente, porque la “migra” [autoridad migratoria] los puede regresar a un régimen de terror. Tenemos una situación de catástrofe institucional en Nicaragua. Esto es peor que un tsunami. (AFP)