El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) confirmó la presencia de asentamientos ilegales en la reserva de Bajo Paraguá, ubicada en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco. Esta situación ha generado gran preocupación, ya que, además de ser una actividad no autorizada, se vincula con el incremento de incendios forestales en la región.
Eulogio Núñez, director del INRA, fue enfático al señalar que la institución no ha autorizado ningún asentamiento en tierras fiscales no disponibles, como es el caso de Bajo Paraguá. “Varias veces ya hemos mencionado que no existe ningún asentamiento autorizado en tierras fiscales no disponibles. Si es que se encontrara, son asentamientos ilegales”, declaró Núñez. Ante esta situación, pidió a la Policía y al Ministerio Público que intervengan de manera inmediata para detener estos actos ilícitos.
El conflicto en la reserva no es reciente. Según denuncias de la diputada de Creemos, María René Álvarez, los avasallamientos comenzaron en 2019, y, desde entonces, los ocupantes han establecido cultivos y viviendas en el área protegida. Álvarez destacó que los incendios forestales en la zona han sido provocados, con el objetivo de expandir las tierras ocupadas. “A simple vista se evidencia que los incendios empiezan después de las casas construidas y de los cultivos. Mientras que lo sembrado está verde, el bosque aledaño ha sido reducido a cenizas”, explicó la diputada, quien visitó la zona afectada.
Además, Álvarez mencionó que los ocupantes han presentado carpetas ante el INRA con el objetivo de obtener resoluciones de asentamiento, pero hasta el momento no se tienen pruebas concretas de que estas solicitudes hayan sido aprobadas. “Las veces que hemos pedido las carpetas para saber cuántas comunidades han solicitado el permiso, la única respuesta que hemos recibido del director del INRA es que esta área no está disponible para asentamientos humanos”, agregó.
El impacto ambiental de los incendios y la ocupación ilegal en Bajo Paraguá preocupa tanto a autoridades como a organizaciones medioambientales, ya que la zona es considerada una importante reserva natural. La falta de acciones contundentes para detener estos avasallamientos podría agravar la situación, tanto en términos ecológicos como sociales.
La confirmación de estos asentamientos ilegales subraya la necesidad urgente de aplicar medidas preventivas y de control para proteger las áreas naturales y evitar que se sigan generando incendios que destruyen valiosos ecosistemas.