En un fallo histórico para el Estado boliviano, la Corte Internacional Arbitral ha emitido un veredicto favorable desestimando una demanda por indemnización cercana a los 100 millones de dólares interpuesta por la empresa Jindal Steel & Power. El procurador general del Estado, Cesar Siles, confirmó hoy la noticia que marca un hito en la disputa legal que ha mantenido a ambas partes en tensión desde hace años.
“Debo informar al pueblo boliviano que el Tribunal Arbitral, además de declararse competente para la tramitación de este arbitraje, ha desestimado la solicitud de indemnización presentada por Jindal, que sumaba con intereses, costos y demás, aproximadamente 100 millones de dólares”, anunció Siles en una declaración pública.
La disputa se originó en una reclamación de Jindal por supuestos perjuicios sufridos en relación con la Empresa Siderúrgica del Mutún, ubicada en el oriente del país. Según Siles, el fallo del tribunal internacional no solo exonera al Estado boliviano de cualquier responsabilidad financiera, sino que también impone costos y honorarios legales a favor de la empresa Mutún por un monto cercano a los 3 millones de dólares.
“Inicialmente se demandó 84 millones de dólares en el arbitraje iniciado en 2021. Este resultado no solo representa un alivio financiero para el Estado, sino también un respaldo a nuestra posición en este conflicto”, destacó el procurador.
Siles calificó el fallo como “exitoso” y subrayó que este constituye el tercer éxito significativo en defensa del Estado durante su gestión. Sin embargo, anticipó que se proporcionarán detalles adicionales una vez que se haya revisado completamente el Laudo Arbitral, que consta de aproximadamente 100 páginas.
“Tengan la seguridad de que la Procuraduría está actuando de la manera más responsable y transparente, informando sobre los arbitrajes que tiene”, aseguró Siles en una entrevista exclusiva con Bolivia TV.
El veredicto del Tribunal Arbitral no solo pone fin a una prolongada disputa legal, sino que también fortalece la posición del Estado boliviano en la defensa de sus intereses frente a litigios internacionales.