Pasadas las 15:45, el presidente de Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) David Choquehuanca instaló la segunda sesión ordinaria para considerar el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023.
La sesión se realiza en medio de una vigilia de alcaldes de varios municipios y organizaciones sociales que llegaron hasta las puertas del nuevo edificio del Legislativo, en la ciudad de La Paz, para demandar la aprobación “inmediata” del proyecto de ley.
“Estamos preocupados, desde agosto no se ha tratado con prioridad este tema (PGE Reformulado 2023), están priorizando la parte política y no la economía que necesita la población. Tenemos que concluir obras en educación y en salud”, reclamó el director de Planificación de la Alcaldía de Viacha, Filemón Choque.
A inicios de octubre, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta el proyecto de ley 464/22-23 de Modificaciones al PGE – gestión 2023 y la remitió al Senado, donde fue aprobado con modificaciones por senadores de la llamada ala “evista” y la oposición, quienes la madrugada del martes 7 de noviembre firmaron un acuerdo para la reelección de Andrónico Rodríguez, condicionado a una agenda de la oposición.
Por procedimiento, la norma volvió a Diputados y se rechazó las modificaciones, lo que obligó a que la norma sea tratada en sesión de Asamblea.
De acuerdo con el proyecto de Ley del PGE reformulado, se adiciona recursos y gastos para las entidades del sector público por un total agregado de Bs 6.455.173.440 y un presupuesto consolidado de Bs 5.421.775.252, de ese monto se destinará Bs 868 millones a los gobiernos municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones.
El PGE Reformulado inscribe recursos de las entidades subnacionales y el nivel central, para continuar con la ejecución de proyectos de inversión pública.
De un total 582 entidades públicas, 108 solicitaron la modificación de su presupuesto para atender sus necesidades financieras. Esta solicitud de ajuste presupuestario inició en marzo de 2023 y concluyó en junio de 2023.
Los municipios piden la pronta aprobación de esta norma porque podrán disponer de recursos económicos adicionales para enfrentar los problemas que están atravesando en la actualidad, como la sequía y los incendios forestales.