El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobó el presupuesto solicitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la celebración de las elecciones judiciales previstas para este año.
El “presupuesto ya fue aprobado junto con el Presupuesto General del Estado para la gestión 2023”, indicó el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel Salazar, durante el acto de inauguración del año electoral, en el cual también presentó el informe de gestión 2022 y el plan de trabajo 2023.
Explicó que “en tanto no se modifique el actual marco legal y constitucional, el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de planificar las elecciones judiciales que deben efectuarse esta gestión”.
En apego a ello, el TSE hizo el requerimiento financiero al Órgano Ejecutivo con base en el plan de desarrollo de las elecciones judiciales.
A la par, diseñó el calendario de plazos y actividades que está pendiente de aprobación en la Sala Plena del TSE.
“Este calendario incluirá previsiones con relación a la etapa de preselección de postulantes por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la votación y entrega oportuna de resultados por el TSE y la posesión de las nuevas autoridades por parte del presidente (Luis Arce Catacora) según los plazos definidos por ley”, detalló Hassenteufel.
Será el tercer proceso electoral de este tipo que se realice en el país luego de los celebrados en 2011 y 2017, en los cuales se eligió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental (TA) y miembros del Consejo de la Magistratura (CM).
Por mandato del numeral 5 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene como atribución realizar la preselección de “las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”.
En los dos anteriores procesos, esa labor la asumió la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, instancia que se encargó de la habilitación y evaluación de las postulaciones y remitió un informe al pleno de la Asamblea en donde se aprobó la lista final de los aspirantes que fue remitida al TSE para que organice el proceso electoral.
Para cumplir con los plazos, el presidente del TSE indicó que es necesario que la “Asamblea Legislativa Plurinacional pueda realizar la convocatoria para el proceso de postulación y preselección de postulantes a lo sumo hasta el mes de marzo del presente año para que 25 días después, como manda el artículo 76 de la Ley 026, el Tribunal Supremo Electoral pueda realizar la convocatoria para el proceso electoral”.
Al considerar esos tiempos, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, dijo que la eventual reforma a la Constitución Política del Estado, que impulsa un grupo de abogados y exautoridades vía referendo, se aplicaría “dentro de seis años” cuando se vuelva a realizar la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental (TA) y miembros del Consejo de la Magistratura (CM).