La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, negó que su Gobierno fuera responsable de las muertes registradas en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) durante la crisis social de 2019, tras la renuncia de Evo Morales. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista emitida en Conclusiones, de CNN, conducido por el periodista Fernando del Rincón.
Áñez afirmó que el decreto aprobado entonces “no buscaba la pérdida de vidas” y sostuvo que las decisiones adoptadas respondieron a una situación de emergencia, en la que —según dijo— la Policía pidió apoyo ante amenazas de violencia.
Argumentos de Áñez sobre el decreto y la intervención
La exmandataria señaló que, según los informes que recibió durante el conflicto, existía riesgo de un daño “inimaginable” si la planta de Senkata llegaba a explotar.
Aseguró que la responsabilidad de la violencia no recaía en su Gobierno, sino en la escalada de tensión posterior a la renuncia de Morales.
“Yo no soy responsable de esas muertes… no fuimos nosotros los que provocamos esa situación de violencia”, afirmó Áñez.
Añadió que el decreto al que algunos sectores califican como “decreto de la muerte” fue debatido y aprobado por su gabinete, y que no contiene ninguna instrucción que permita o incentive el uso letal de la fuerza.
Respuesta a organismos internacionales y cuestionamientos
Sobre las observaciones de organismos de derechos humanos, Áñez sostuvo que estos piden investigaciones imparciales, pero “no responsabilizan directamente” a su Gobierno por las muertes.
También afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) recomienda una investigación a fondo, y que —según una indagación realizada durante su gestión— las balas que causaron los fallecimientos “no eran de uso militar”.
“¿Quién mató a esas personas?”, cuestionó, reiterando que se investigue sin sesgos.
Situación judicial y pedido de nuevas investigaciones
Áñez recuperó su libertad el 6 de noviembre, después de casi cinco años de detención por el caso denominado “golpe de Estado II”. Su condena de 10 años fue anulada al determinarse que debía ser procesada mediante un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria.
La exmandataria dijo estar dispuesta a someterse a nuevas investigaciones, siempre que estas sean “imparciales” y no reproduzcan —según su criterio— la falta de objetividad que atribuye al Gobierno de Luis Arce.
Debate abierto sobre la responsabilidad de las muertes
Las muertes de Senkata y Sacaba continúan siendo un punto central del debate político y judicial en Bolivia. Mientras organismos internacionales han señalado posibles ejecuciones extrajudiciales, Áñez insiste en que su administración no ordenó acciones letales y que la violencia fue consecuencia de una crisis detonada por las denuncias de fraude electoral y la renuncia de Morales.
El esclarecimiento de los hechos sigue pendiente y dependerá de nuevas investigaciones impulsadas por futuras administraciones o instancias independientes.
Author: EnfoqueNews
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